Digresiones 3.0 | @Joansinmiedo

En octubre de 2008 la reina Sofía, la del Club Bilderberg, atacaba a parte de los ciudadanos españoles negándoles que su unión pudiera llamarse matrimonio y posicionándose por tanto en contra de la Ley 13/2005 aprobada por las Cortes Generales del Estado, ésas que se eligen democráticamente, no como sucede con lo de su marido.

En su momento hubo quien la defendió argumentando que ella no es Jefe de Estado y que por tanto su figura escapa al mandato constitucional de neutralidad política. Argumento absurdo a todas luces, pero en fin, estamos en España.

Ahora  ha sido el Jefe (no electo) del Estado el que en medio del debate político en el Parlament de Catalunya sobre la abolición de la tortura y sacrificio de los toros se ha posicionado públicamente en una de las opciones. Ha declarado que apoya la “fiesta nacional”, pseudónimo con el que la caspa de este país llama a la tortura taurina. El Borbón ha acudido a la ceremonia de entrega de los Premios Universitarios y Trofeos Taurinos 2009.

Es la segunda vez en 35 años que acude a este evento. Qué casualidad, ¿no les parece?. Al menos, y ya que a los españoles se nos niega el derecho a elegir a nuestro Jefe de Estado, que éste se mantenga neutral y al margen de los debates políticos.

“Aquí no cabemos todos”

dice la presidenta del Partido Popular de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho.

“Aquí no cabemos todos” viene precedido por otros grandes leitmotiv:  ”La familia está en peligro” “España se rompe” y el gran “Rubalcaba tiene un ordenador gigante con el que nos espía“

La señora Sánchez-Camacho también ha pedido a los ciudadanos inmigrantes “respeto por nuestros derechos y nuestros principios” (Aclaro que ser racista no es ningún principio a respetar, señora Alicia)

Todo esto poco más de un mes después de haberse reformado la Ley de Extranjería y que el PP, en el debate parlamentario de dicha ley, no pusiera ninguna objeción al sistema de empadronamiento.

La derecha católico-nacionalista vuelve a utilizar a los ciudadanos inmigrantes para arañar cuatro sucios votos entre las víctimas de la crisis.

Desde aquí le pido al Partido Popular respeto a mis derechos como ciudadano porque llevan cuatro años con un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 13/2005; respeto a mis principios por seguir empeñados en inundar de sectarismo católico la vida pública.

Populeros de barrio alto, racistas de medio pelo.

El Sáhara Occidental y su situación es responsabilidad de España. En los Acuerdos de Madrid de 1975 no se cedió la soberanía de la provincia española a la dictadura alahuita: se cedió la administración. Y ni siquiera esto último es considerado así por la ONU, la cual no reconoce a Marruecos como administrador de ese territorio.

El 6 de noviembre de 1975, el Consejo de Seguridad exigió la inmediata retirada de Marruecos (Resolución 380). Aunque la Asamblea General se dio por enterada del acuerdo de España y Marruecos, esto no supuso en ningún momento el traspaso jurídico de la administración española a Marruecos.

De acuerdo al Derecho Internacional, el responsable de la administración del Sáhara es el Estado Español. Su estatus jurídico actual es de “Territorio No Autónomo pendiente de descolonización a través de un referéndum de autodeterminación“.

La anexión de Marruecos, con la aquiescencia de España, es el caso más flagrante de anexión de un territorio por la fuerza desde la IIª Guerra Mundial.

Todos los gobiernos de la Democracia han hecho caso omiso de la ONU en este asunto -y en otros, como la Ley de Aministía de 1977 que según la ONU debería ser derogada- y mientras, Marruecos expolia las costas saharauis y sus ricos yacimientos de fosfatos.

Mientras España habla de Alianza de Civilizaciones, es cómplice con Marruecos de que el pueblo saharaui no goce de su Derecho de Autodeterminación para constituirse en Estado Libre y Soberano.

Mientras tanto Marruecos ataca por el frente demográfico, impulsando la instalación de marroquíes en territorio del Sáhara -que ya son mayoría-, para que el día que se le obligue al ansiado referéndum, tener asegurada la victoria del no.

¿Por qué España quiere que haya democracia en Afganistán, y envía tropas para ello, pero no quiere que el pueblo saharaui sea libre?

¿Tan cogidos por los huevos nos tiene Marruecos?

Artículo III

No estarán sujetas a los impuestos sobre la Renta o sobre el gasto o consumo, según proceda:

A) [...] la publicación de las instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos y cualquier otro documento de las autoridades eclesiásticas competentes y tampoco su fijación en los sitios de costumbre.

B) la actividad de enseñanza en seminarios diocesanos y religiosos, así como de las disciplinas eclesiásticas en universidades de la Iglesia.

C) la adquisición de objetos destinados al culto.

Artículo IV

1. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas y los institutos de vida consagrada y sus provincias y sus casas tendrán derecho a las siguientes exenciones:

A) exención total y permanente de la contribución territorial urbana de los siguientes inmuebles: 1)Los templos y capillas […] dependencias o edificios y locales anejos […] 2) la residencia de los obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas. 3) los locales destinados a oficinas, la curia diocesana y a oficinas parroquiales. 4) los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de disciplinas eclesiásticas. 5) los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las órdenes, congregaciones religiosas e institutos de vida consagrada.

B) exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el patrimonio.

[…]

C) exención total de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales […]

D) exención de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia […]

[…]

Hecho en doble original.

Ciudad del Vaticano, 3 de enero de 1979.

Marcelino Oreja Aguirre, Ministro de Asuntos Exteriores

Cardenal Giovanni Villot, Secretario de Estado

Prefecto del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia

El presente acuerdo entró en vigor el día 4 de diciembre de 1979, fecha del canje de los respectivos instrumentos de ratificacion, según lo previsto en dicho acuerdo.

Lo que se hace publico para conocimiento general.

Madrid, 5 de diciembre de 1979.

“Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: “Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica”. Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores.

La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido.

De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el “corazón de la democracia”. Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo– no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.

La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de “símbolos nacionales” (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.

No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.

El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.

Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.

Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum.

Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.”

‘La dignidad de Catalunya’. Editorial conjunta de La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, El Punt, Segre, Diari de Tarragona, La Mañana, Diari de Girona, Regió 7, El Nou 9, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa, TV3, tres emisoras de radio y que cuenta con el apoyo de los principales partidos políticos de Catalunya.

Resultado del referéndum sobre el Estatut de Catlaunya

Partamos de la base de que la Constitución Española de 1978 no es inamovible, ni sagrada, ni intocable.

Partamos de la base de que el Tribunal Constitucional está formado por unos señores y señoras que pueden equivocarse y prevaricar como cualquier otra persona y de que, además, su mandato está agotado.

Bien, pues si partimos de esto estaremos de acuerdo en que el TC, cuyos miembros están de interinos en su mayoría, no tiene ninguna legitimidad actualmente para  modificar un Estatuto de Autonomía refrendado por los ciudadanos de Catalunya.Y lo repito, la clave es que ya ha sido refrendado por los ciudadanos de Catalunya.

¿Qué deberían haberse pronunciado antes? Evidentemente, pero si los ciudadanos de Catalunya han hablado, no hay más que hablar.

Y habrá quien diga que sí porque la Constitución así lo dice, pero vamos, que la Constitución necesita una reforma de forma urgente no lo niega ya nadie con dos dedos de frente.

…[que] la primera votación informal del TC sobre el Estatuto evidenciara la semana pasada que hay una mayoría contraria a los grandes principios políticos del texto: la definición de Cataluña como “nación”, la apelación a los “derechos históricos” y la equiparación del catalán y el castellano. [...]

• ¿Es Catalunya una nación dentro del Estado Español?

Mi opinión es que, si los ciudadanos de Catalunya, en referéndum, han aprobado que el preámbulo de su Estatuto defina a Catalunya como nación, pues será que se consideran una nación. Y si un pueblo se considera nación será que lo es. Los sentimientos es lo que tienen, que son muy de cada uno.

• ¿Tienen los territorios derechos históricos?

Mi opinión es que no. Creo que el único derecho reconocido que tiene un territorio es el Derecho de Autodeterminación, y sólo bajo determinadas circunstancias.

Los territorios no tienen derechos, los derechos los tienen las personas. De ahí que me parezca una barrabasada el chollo que tienen Navarra y Euskadi, con sus cupos, amejoramientos y otros privilegios, y nadie dice nada.

¡Ah!, el hecho de que estos privilegios estén en la Constitución me la trae muy fresca.

• ¿Debe equipararse el castellano y el catalán?

Mi opinión es que sí, pero no porque el catalán deba tener los mismos derechos que el castellano. Las lenguas no tienen derechos, los derechos los tienen los ciudadanos.

Ahora bien, a fin de garantizar el derecho y el deber de los catalanes a conocer su dos lenguas, castellano y catalán, estas lenguas tienen que ser promocionadas, enseñadas y protegidas de forma adecuada. Y por supuesto, en plano de absoluta igualdad.

Las ciudadanas de España tienen derecho a una Ley que las proteja. A decidir en qué momento quieren ser madres y cuándo no.

Vosotras parís, vosotras decidís.

Blanca Brisac Vázquez, Pilar Bueno Ibáñez, Luisa Rodriguez de la Fuente, Joaquina López Laffite, Victoria Muñoz García,Elena Gil Olaya, Virtudes González García, Martina Barroso García, Julia Conesa Conesa, Adelina García Casillas, Ana López Gallego, Joaquina López Laffite, Carmen Barrero Aguero, Dionisia Manzanero Salas y Victoria Muñoz García.

España algún día os honrará como merecéis, no lo dudéis, allá donde estéis.

Setenta años, por vosotras, compañeras!

Ya sé que esto sucedió hace meses, pero verlo, una y otra vez, me hace sentir tan impotente. Impotente frente a quienes, supuestamente, son los garantes de los derechos y libertades de los españoles.Pido perdón por anticipado, pero tengo que decirlo: la Policía (llámese Ertzaintza, Mossos d’Esquadra o como ustedes gusten) nunca me ha caído bien. Su chulería y prepotencia se me antojan casi antidemocráticas. Y lo de la Guardia Civil ya es tardofranquismo puro.Es tan sólo imaginarme ser uno de esos estudiantes anti-Bolonia y me hierve la sangre, por mi mente pasan imágenes dignas de la Resistencia.

¡No pasarán!