Digresiones 3.0 | @Joansinmiedo

“Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: “Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica”. Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores.

La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido.

De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el “corazón de la democracia”. Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo– no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.

La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de “símbolos nacionales” (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.

No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.

El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.

Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.

Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum.

Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable.”

‘La dignidad de Catalunya’. Editorial conjunta de La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui, El Punt, Segre, Diari de Tarragona, La Mañana, Diari de Girona, Regió 7, El Nou 9, Diari de Sabadell y Diari de Terrassa, TV3, tres emisoras de radio y que cuenta con el apoyo de los principales partidos políticos de Catalunya.

Resultado del referéndum sobre el Estatut de Catlaunya

Partamos de la base de que la Constitución Española de 1978 no es inamovible, ni sagrada, ni intocable.

Partamos de la base de que el Tribunal Constitucional está formado por unos señores y señoras que pueden equivocarse y prevaricar como cualquier otra persona y de que, además, su mandato está agotado.

Bien, pues si partimos de esto estaremos de acuerdo en que el TC, cuyos miembros están de interinos en su mayoría, no tiene ninguna legitimidad actualmente para  modificar un Estatuto de Autonomía refrendado por los ciudadanos de Catalunya.Y lo repito, la clave es que ya ha sido refrendado por los ciudadanos de Catalunya.

¿Qué deberían haberse pronunciado antes? Evidentemente, pero si los ciudadanos de Catalunya han hablado, no hay más que hablar.

Y habrá quien diga que sí porque la Constitución así lo dice, pero vamos, que la Constitución necesita una reforma de forma urgente no lo niega ya nadie con dos dedos de frente.

…[que] la primera votación informal del TC sobre el Estatuto evidenciara la semana pasada que hay una mayoría contraria a los grandes principios políticos del texto: la definición de Cataluña como “nación”, la apelación a los “derechos históricos” y la equiparación del catalán y el castellano. [...]

• ¿Es Catalunya una nación dentro del Estado Español?

Mi opinión es que, si los ciudadanos de Catalunya, en referéndum, han aprobado que el preámbulo de su Estatuto defina a Catalunya como nación, pues será que se consideran una nación. Y si un pueblo se considera nación será que lo es. Los sentimientos es lo que tienen, que son muy de cada uno.

• ¿Tienen los territorios derechos históricos?

Mi opinión es que no. Creo que el único derecho reconocido que tiene un territorio es el Derecho de Autodeterminación, y sólo bajo determinadas circunstancias.

Los territorios no tienen derechos, los derechos los tienen las personas. De ahí que me parezca una barrabasada el chollo que tienen Navarra y Euskadi, con sus cupos, amejoramientos y otros privilegios, y nadie dice nada.

¡Ah!, el hecho de que estos privilegios estén en la Constitución me la trae muy fresca.

• ¿Debe equipararse el castellano y el catalán?

Mi opinión es que sí, pero no porque el catalán deba tener los mismos derechos que el castellano. Las lenguas no tienen derechos, los derechos los tienen los ciudadanos.

Ahora bien, a fin de garantizar el derecho y el deber de los catalanes a conocer su dos lenguas, castellano y catalán, estas lenguas tienen que ser promocionadas, enseñadas y protegidas de forma adecuada. Y por supuesto, en plano de absoluta igualdad.

¿Hasta cuándo?, ¿hasta cuándo tendremos que soportar los ciudadanos sin religión ni dios de este Estado aconfesional que nuestros gobernantes hinquen la rodilla en el suelo para pedir clemencia o protección a supuestos dioses, estatuas o pancitas episcopales?

No es de recibo ver a los ministros del Gobierno de España prometer, en el mejor de los casos o jurar en el peor, sus cargos junto a una cruz católica y una biblia. Supone, de facto, dar calidad de oficial a una de tantas religiones que profesan los ciudadanos libres e iguales de España. Y en el caso de gobiernos sustentados por el Partido Socialista Obrero Español es, además, contrario a sus ideales.

Los ministros y secretarios de Estado pueden profesar la religión que crean conveniente, pero a título personal. En el ejercicio de sus cargos es intolerable que muestren preferencia por ninguna religión.

Espero que en la próxima remodelación de Gobierno, si la hay, desaparezcan todas la alusiones a la religión. Y que los cargos públicos del Estado prometan -y no juren- sus cargos sobre una Constitución Española, único documento al que se deben.

Un cambio significativo a esta tendencia milenaria se vio en la promesa del cargo del lehendakari Patxi López.

Hasta él, todos los lehendakaris del Gobierno Vasco habían jurado, junto a una biblia y un crucifijo católicos y sin un ejemplar de la Constitución presente, su cargo mediante la siguiente fórmula:

Ante dios humillado, en pie sobre la tierra vasca, en recuerdo de los antepasados, bajo el árbol de Gernika, ante vosotros, representantes del pueblo, juro desempeñar fielmente mi cargo.

Jainkoaren aurrean apalik, eusko lur gainean zutunik, asaben gomutaz, Gernikako zuhaizpean, herri ordezkarion aintzinean nere agindua ondo betetxea zin dagit.

El lehendakari Patxi López optó por prometer su cargo junto a un ejemplar de la Constitución, otro del Estatuto de Autonomía de Euskadi, y sin símbolos religiosos presentes, mediante la siguiente fórmula:

De pie en tierra vasca, bajo el árbol de Gernika, ante vosotros, representantes de la ciudadanía vasca, en recuerdo de los antepasados, prometo desde el respeto a la Ley, desempeñar fielmente mi cargo de lehendakari.

Sería bueno, y justo que ni el lehendakari López, ni la futura lehendakari en funciones, la consejera de Educación Isabel Celaa, acudan de forma institucional a las tradicionales misas que se celebran en nombre de las Diputaciones vascas, en el mes de agosto.

Hoy es noticia, por ser el Día da Patria Galega, que el presidente de la Xunta de Galicia, un presidente democrático, le haya pedido a una estatua de nombre Santiago, patrón de los gallegos católicos, protección para la España democrática que nos une. Una vergüenza más para los ciudadanos gallegos.

Y basta ya también de alcaldes arrodillados frente a obispos, o presidiendo misas y procesiones a lo largo y ancho del Estado. Y basta ya también de que la Guardia Civil, que pagamos todos los ciudadanos escolte estatuas católicas en las procesiones, y basta ya de que el Ejército que pagamos todos saque en andas  a cristos y vírgenes católicas.

No lo digo yo, lo dice la Constitución Española de 1978.

1. Marina Geli

Querida compañera, ¿puedes dejar de proponer soluciones tan liberales para la Sanidad?

¿¿Por qué no te callas??

2. Mi Artículo 16 sería:

Artículo 16.

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley.

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

3. Extracto ilustrativo:

Había una vez un país diminuto en el que los hombres hablaban con Dios y vestían sotanas. Su cielo, el más hermoso del mundo, estaba dibujado por el mismísimo Miguel Ángel. Y su Rey, ungido con honores divinos y boato de fumatas blancas, velaba por la paz mundial, la hermandad universal, la fe y todo ese rollo que escupen las misses sin cerebro en sus galas de elección. Aquel lugar de cuento y columnas faraónicas se llamaba Vaticano.

Muy lejos de allí, había una vez un grupo de países –85, nada menos– que castigaban la homosexualidad. Que abanderaban la homofobia y azotaban a los maricas con su tríángulo infalible: palizas, prisón y horca. Eso sí: siempre bajo el beneplácito de la Ley. Sin irregularidades, sin temblores, sin conciencia.

Había una vez un organismo todopoderoso, de nombre ONU, que planteó al mundo mundial despenalizar este asuntillo. Es decir: convencer, suplicar y disuadir a Irán y compañía de que colgar a un señor por maricón es repugnante, denigrante, aberrante y escalofriante.

La comunidad internacional [...] aceptó, con más o menos ímpetu, la denuncia de ‘mamá ONU’. Los países de bien optaron por la vida frente a la muerte [...]

Pero he aquí que nuestro pequeño paraíso [...] se negó a apoyar esta propuesta. El arzobispo Celestino Migliore [...] afirmó que “una declaración política de ese tipo crearía nuevas e implacables discriminaciones”. Claro. Los verdugos se quedarían en paro al no tener marranos que enviar al cadalso, algo inadmisible en tiempos de crisis. Para la Santa Sede, esta medida “pondría en la picota a los países que no consideran matrimonio las uniones homosexuales”. [...]

Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado.

Martín Lobo

¡Buenas noches y buena suerte!

ARTÍCULO 56

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las Leyes.

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65,2

Y en general todo el Título II… ¡sobran!

¡Buenas noches y buena suerte!

Artículo 77.- El Presidente de la República no podrá firmar declaración alguna de guerra sino en las condiciones prescritas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones y sólo una vez agotados aquellos medios defensivos que no tengan carácter bélico y los procedimientos judiciales o de conciliación y arbitraje establecidos en los Convenios internacionales de que España fuere parte, registrados en la Sociedad de las Naciones.

[...]

Cumplidos los anteriores requisitos, el Presidente de la República habrá de estar autorizado por una ley para firmar la declaración de guerra.

Lo que la Soberanía Nacional estableció en 1931…se lo saltó el nunca bien loado Aznar…

Menos mal que la cordura se recuperó en 2004… 73 AÑOS DESPUÉS

Buenas noches y buena suerte!

Qué país!! En España exigimos saber todo sobre concejales, alcaldes, diputados, senadores, ministros, todos sus movimientos bancarios, amistades empresariales, etc.

Esto es lo normal y además debe ser así ya que son funcionarios al servicio de los ciudadanos, nosotros pagamos su sueldo y debemos conocer su Patrimonio y sus actividades económicas.

Sin embargo, sobre el funcionario número 1 de España, el Rey, ni sabemos, ni muchos parece que quieran saber sobre su Patrimonio, actividades en intereses económicos…

Encima, con la que tenemos encima, se congela el sueldo de Zapatero y el de la Casa real sube un 2,7%, ¡pero qué demonios pasa en este país!

8,90 millones de euros para que los distribuya libremente, ¿pero quién se ha creído este “señor” que es?

Bien es cierto que en la Inmodificable y Sacrosanta Constitución de 1978 se explicita que el Rey recibirá una asignación, via PGE, de la que dispondrá libremente para su sostenimiento y el de su Casa….

No es menos cierto que la actual Constitución, en la que se establece que España es una Monarquía solo ha podido ser votada por españoles de al menos 48 años, con lo cual un gran porcentaje de la población no hemos sido consultados sobre la forma de nuestro Estado…

¿Hay algo menos democrático que no poder elegir a tu Jefe de Estado?

¿Hay alguien en este país con más trapicheos y negocios ocultos que el Jefe del Estado?

Estoy hartísimo de que no se pueda criticar a la Casa Real, que los medio de comunicación de este país tengan cajones repletos de fotografías e informaciones que tienen vetada su salida a la luz, que te tachen de antiespañol, antipatriota y antitodo, solo por querer….elegir a tu Jefe de Estado…

Que si, que es un “gran embajador de España”, que actua de forma muy correcta, patatín, patatán….que haga como su pariente lejano, Simeón (de Bulgaria) que tras ser eliminada la monarquía de Bulgaría se presentó a las elecciones como cualquier hijo de vecino y que el pueblo decida…

¿O es que tienen miedo a lo que el pueblo tenga que decir…?

Salud y República!!

Buenas noches y buena suerte!